Cepeda y Córdoba no ofrecieron asilo a “el Tuso Sierra”, sino a su familia

Al DetectBot de La Silla Vacía (+57 3102940910) llegó una imagen que dice: “El Tuso Sierra confirmó que Iván Cepeda y Piedad Córdoba le ofrecieron asilo político en Suiza o Francia a cambio de un testimonio en contra de los Uribe”.

Como algunos de nuestros usuarios nos pidieron chequear esa información y ha sido replicada en Twitter (acá, acá, acá, acá, acá y aquí), le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es engañoso. 

Iván Cepeda y Piedad Córdoba no le ofrecieron asilo político al exparamilitar “Tuso Sierra”, sino a su familia, y fue en 2009, cuando realizaron visitas a cárceles en los Estados Unidos para que exmiembros de las AUC que fueron extraditados cumplieran con el proceso de justicia, paz y reparación. 

El “Tuso Sierra” contó de ese ofrecimiento en 2018, luego del testimonio que dio en el caso de falsos testigos de Álvaro Uribe y que al parecer favorecía al expresidente. 

Esta información empezó a circular días después de que la Fiscalía decidió llevar a juicio a Uribe y acusarlo por este tema por los delitos de fraude procesal y soborno. El juicio iniciará el próximo 17 de mayo.

Así se ve la imagen falsa que circula: 

Una búsqueda en Google arrojó un artículo de El Colombiano titulado “‘Me ofrecieron asilo para mi familia por información de los Uribe’: ‘Tuso Sierra’”, publicado el 23 de octubre de 2018. 

La noticia dice que ese día, en entrevista para la W Radio, el exjefe paramilitar Juan Carlos Sierra, más conocido como “el Tuso Sierra”, afirmó que en las reuniones que tuvo con políticos como Iván Cepeda, Rodrigo Lara y Piedad Córdoba en 2009, mientras él estaba recluido en una cárcel en Estados Unidos, le pidieron contar, “si tenía conocimiento, sobre las actividades ilícitas de los Uribe, no de Álvaro Uribe, con grupos al margen de la ley”. 

“El Tuso Sierra” contó que en esas reuniones le preguntaron dos veces por estos nexos. La primera por ser del suroeste de Antioquia y su cercanía con Mario Uribe, primo del expresidente. Y en una segunda ocasión afirmó le preguntaron por el caso Tasmania.

La entrevista la dio el expara luego de la columna publicada por el periodista Daniel Coronell: “Así armaron la declaración del Tuso Sierra”. En esta, el periodista denunció como el abogado del expresidente, Diego Cadena, obtuvo la declaración de Sierra para favorecer los intereses de Uribe.

Vicky Dávila, quien hace la entrevista, insistió “¿en qué términos le preguntaron?”, a lo que el exjefe paramilitar respondió: “en lo normal, de que si yo tenía conocimiento de las actividades ilícitas de los Uribe, no de Álvaro Uribe, de los Uribe, con grupos al margen de la ley”. Sierra aclaró que esas visitas no fueron ilegales y fueron aprobadas por el gobierno americano. Además, que se dieron hace más de 10 años y buscaban que los exparas siguieran en el proceso de Justicia y Paz rindiendo testimonio. 

En el minuto 40:47 es cuando hablaron sobre el asilo político y Sierra aclaró que el ofrecimiento no fue para él sino para su familia. “A mí me ofrecieron asilo político, no para mí, quiero ser claro, para mi familia”. También mencionó que Piedad Córdoba le dijo que ella le podía ayudar con asilo en Suiza o Francia. “Que el de Suiza era muy fácil y el de Francia tomaba más tiempo”.

El exjefe paramilitar aceptó decir lo que conociera de los Uribe. “En ese entonces yo había hablado de mis nexos, o de mi familiaridad, con el exsenador Mario Uribe”, afirmó el expara en la entrevista. 

Por último, aclaró que “no era solamente eso, sino que hablara de los militares, de los auspiciadores de los grupos de autodefensas, de todas las participaciones que yo tuve en todo lo que he hablado en mis versiones de Justicia y Paz durante todos estos años. Pero lo pongo en el contexto de hace diez años”. 

Sobre las visitas de excongresistas a exjefes paramilitares en Estados Unidos 

En 2008, cuando fueron extraditados 14 jefes paramilitares de las AUC, entre ellos Juan Carlos Sierra, alias “el Tuso Sierra” y Salvatore Mancuso, el Movimiento Nacional de Víctimas discutió la posibilidad de llegar hasta las cárceles para exigirles a estas personas decir la verdad ante el sistema de Justicia y Paz. 

Bajo este contexto, la entonces senadora Piedad Córdoba, junto a otros legisladores, presentaron una propuesta al Congreso para crear una Comisión Accidental, con el propósito que a pesar de la extradición de los exjefes paramilitares, estos cumplieran con el proceso de justicia, paz y reparación. 

Como explicó Iván Cepeda en la declaración que rindió ante la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2019 en el marco del proceso penal contra el expresidente Uribe, el gobierno nacional, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez —a través del alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo— tuvo conocimiento de estas visitas. Así como existieron permisos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de las cárceles donde estaban “el Tuso Sierra”, Salvatore Mancuso y otras personas. 

Sobre estas reuniones hay un documento que fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en carácter confidencial. “Cuando nos enteramos de que el señor Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra estaban dispuestos a declarar (ante la CSJ) sobre las visitas, tomamos la decisión de pedirle a la Cidh que se levantara la reserva y que nos devolviera el documento para entregarlo a la Corte Suprema”, aseguró Iván Cepeda.

Contexto caso Uribe

En 17 de septiembre de 2014, el senador Iván Cepeda acusó en medio de un debate en el Congreso de la República al expresidente Álvaro Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Las declaraciones las respaldó con testimonios de antiguos paramilitares. Por esto, el expresidente Uribe denunció ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, acusándolo de haber sobornado y manipulado testigos en su contra. 

A Uribe se le devolvió la denuncia. En 2018, la Sala Penal de la Corte anunció que cerraba la investigación contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente.

El caso cuenta con más de 30 testigos. Uno de los más importantes ha sido Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que justamente utilizó el senador Cepeda para señalar los presuntos nexos del expresidente. 

Monsalve, que testificó que en una hacienda de la familia de Uribe Vélez en Antioquia se planearon asesinatos que luego fueron ejecutados por paramilitares, luego se retractó. Más tarde dijo que su cambio de postura fue “bajo presión”, ejercida por Diego Cadena, uno de los abogados de Álvaro Uribe.

Monsalve no fue el único testigo que señaló a Cadena de presionarlos o sobornarlos para modificar sus testimonios. La Corte no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que le abrió a Uribe una investigación por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal.

Por esto, el 4 de agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra el entonces senador Álvaro Uribe Vélez por posible obstrucción de la justicia. 

Catorce días después, el 18 de agosto de 2020, Uribe renunció al Senado porque consideró que no tenía garantías ante la Corte. Con su renuncia, el expresidente perdió su fuero político como congresista, lo que le permitía a la alta corte investigarlo. Además, los presuntos delitos no guardaban relación con su cargo como congresista. 

El caso pasó a la Fiscalía y un juez le concedió la “libertad inmediata”, tras una solicitud que hizo su defensa. 

Desde entonces, el caso contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos pasó por las manos de cinco fiscales, designados directamente por el exfiscal general, Francisco Barbosa, quienes intentaron precluir el proceso judicial y evitar que Uribe fuera a juicio. Distintos jueces señalaron a la Fiscalía de falta de rigor probatorio, poca profundidad argumentativa y de negligencia en el análisis del material probatorio. 

Incluso, La Silla Vacía reveló que todos los fiscales a los que les asignaron el caso omitieron pruebas clave que enredaban al expresidente. 

En octubre de 2023, la última jueza que tenía que definir la preclusión negó este recurso. A la Fiscalía le quedaban dos caminos: radicar el escrito de acusación para llamar a juicio o pedir, de nuevo, la preclusión, una salida difícil debido a que ya cinco jueces negaron esa posibilidad.

Finalmente, el 9 de abril de 2024, la Fiscalía decidió acusar a Álvaro Uribe por ser determinador de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. El juicio iniciará el próximo 17 de mayo.

Por esto, calificamos la información como engañosa.