Por Sergio Guarín · 01 de Diciembre de 2017

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En el contexto del llamado posconflicto, se ha querido plantear un falso dilema entre el crecimiento y la sostenibilidad, entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente, entre el bienestar y la prosperidad de la iniciativa privada.

Hablar de paz es hablar de desarrollo. Todos los colombianos, y particularmente los empresarios, saben que sin actividad económica, sin crecimiento y sin emprendimientos, la paz no será más que otra costosísima política pública.

No hay ninguna duda. El logro de la paz requiere que el Estado mejore el cumplimiento de sus funciones básicas, particularmente la provisión de seguridad y justicia, la eficiencia del gasto, la correcta interpretación de las necesidades locales y el establecimiento de unas reglas de juego claras y estables, tanto a nivel local como nacional.

Pero también es indiscutible que ni siquiera la mejor burocracia se sostiene sin una buena actividad empresarial. Y no se trata sólo de la natural dependencia entre la tributación y las instituciones públicas, sino de la estrecha relación que existe entre la actividad económica el, capital social y la cultura de la legalidad.

Hay quienes se oponen con vehemencia a la llegada de grandes empresas a los territorios más afectados por la violencia. Su argumentación predominante es una mezcla entre motivaciones ideológicas, preocupaciones por el uso de los recursos naturales estratégicos y rechazo a la expansión de un modelo de negocio incapaz de distribuir equitativamente el bienestar. En estas posiciones hay parte de mito y parte de verdad.

Porque así como es cierto que la inequidad campea en regiones que han contado durante décadas con la presencia de grandes e importantes empresas nacionales y extranjeras – varias de las cuales se han comportado como verdaderos enclaves de extracción –, es falso afirmar que en ausencia de gran actividad empresarial los modos propios de producción florecen, la cultura y el ambiente se protegen y la pobreza se supera.

Precisamente, lo que muestra la evidencia es que, cuando no hay actores económicos debidamente controlados, sus espacios son ocupados por negocios ilícitos, a los cuales les conviene la deficiencia del Estado y que, por ello, fomentan el aislamiento y la desconfianza entre las comunidades y la institucionalidad.

Es cierto que ha habido casos funestos en los que empresas se han visto involucradas en penosos comportamientos contrarios a la ética y la ley. También ha habido situaciones en las que el Estado se la ha jugado por proteger los intereses empresariales y ha obrado de modo sesgado, contraviniendo el interés general.

Pero es injusto o, cuando menos, inexacto, afirmar que la ausencia de los grandes capitales es un antídoto eficaz contra la vulnerabilidad. En efecto, casos como la minería de oro y los cultivos de uso ilícito muestran que la actividad económica aislada y desregulada, además de fomentar la informalidad y contribuir al deterioro de las instituciones, corre el enorme riesgo de atraer a los grupos armados ilegales, los cuales se vuelven garantes violentos del orden y enemigos de una dinámica de precios justa para los más pobres.

En el contexto del llamado posconflicto, se ha querido plantear un falso dilema entre el crecimiento y la sostenibilidad, entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente, entre el bienestar y la prosperidad de la iniciativa privada. Si la protección de los bienes públicos dependiera exclusivamente del fracaso de los negocios con ánimo de lucro, seríamos presa de un modelo productivo netamente estado-céntrico, con los riesgos que conlleva la concentración del poder en el sector público y la dependencia económica local de las inversiones que pueda hacer el Estado. Hay pocos indicadores tan dicientes del deterioro económico local que un Estado posicionado como el mayor empleador y el más importante proveedor de servicios.

En esas condiciones, contrario a lo que se piensa intuitivamente, es aún más difícil llevar los bienes públicos al campo. Simplemente porque no existe el incentivo de la tributación para que el Estado regule la actividad económica. Como lo han mostrado los estudios de James Robinson, la experiencia histórica muestra que el Estado es más eficaz siguiéndole los pasos a la iniciativa privada que generando las garantías previas necesarias para que esta se desarrolle adecuadamente.

Las nociones contemporáneas de desarrollo subrayan que existen modelos de negocio que generan tantas utilidades como empoderamiento, oportunidades y compensación. Para que ello sea posible, es importante pasar de un modelo orientado exclusivamente hacia la ganancia a otro centrado en la dignidad de los seres humanos. Y eso se puede dar tanto en las expresiones de la economía social y solidaria, como en las empresas tradicionales marcadas por el ánimo de lucro.

Se trata de un propósito que pueden compartir tanto los pequeños comerciantes, como los emprendedores de la economía naranja; los pequeños productores y las grandes empresas multinacionales. Son numerosos los casos en los que las empresas han sido actores positivos en la transformación de los territorios y en los que han sido reconocidas como agentes generadores de paz.

Se trata de empresas que saben que el diálogo con las comunidades, más que un requisito incómodo o un impedimento infranqueable, es un rasgo característico de los negocios bien hechos. No hay que olvidar que quienes atizan el falso dilema entre el emprendimiento privado y la paz se benefician de la marginación del sector empresarial de los espacios de participación ciudadana para la construcción de los territorios. Hoy estamos llamados a construir las condiciones de un verdadero desarrollo que permita la paz y eso, sin empresa, es simplemente imposible. Vale la pena asumir el reto.

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