Por Teresita Goyeneche · 02 de Junio de 2017

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Hay una pequeña isla de veintiséis kilómetros cuadrados, rodeada de un mar turquesa precioso que, aunque es territorio colombiano, queda al lado de Nicaragua y aloja a unos cien mil habitantes que al día de hoy viven en estado de anarquía. Isleños sitiados dentro de barrotes hechos de olas que no les permiten escapar de la inseguridad que viven desde hace más de ocho años.

Y es que de San Andrés sabemos poco en el resto del país. Escuchamos de las maravillas de su ser Caribe, de lo paradisiaco de su paisaje azul y verde, de la peculiaridad del creole sanandresano -el idioma que hablan entre nativos- y de que hace casi cuatro años perdimos una batalla librada con el gobierno nicaragüense, al tener que ceder parte de su mar territorial.

Hay un silencio informativo que bloquea las malas nuevas para no asustar al turismo –que representa el 80% de la economía sanandresana- y no ha permitido que se prolongue el debate sobre temas como la tasa de homicidios, que en 2014 fue de 30 cada cien mil habitantes –superior a la tasa de Bogotá, Barranquilla e incluso Medellín. La última víctima mortal fue el avicultor de 43 años, Saulo Jackson, que fue asesinado el 16 de mayo por tres muchachos de 19, 21 y 22 años, cuando intentaban atracarlo en el sector Perry Hill.

La situación de seguridad en la isla empezó a deteriorarse después de 2009 cuando varias células de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, entonces denominadas los Rastrojos y los Urabeños, empezaron a operar ahí cobrando vacunas a narcotraficantes, que tradicionalmente y desde los 80 operan en San Andrés -una de las puertas de salida de la cocaína del país.  Esto terminó desatando una guerra entre bandas que dejaba hasta tres muertos por semana, desaparecidos y recientemente encontraron una fosa común en el sector de Duppy Gully.

Aunque todavía queda algo de aquellos días, como la distribución de panfletos que hubo la segunda semana de mayo, en la que se leía que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia asumían la seguridad de las calles contra “rateros y marihuaneros” y exigían el toque de queda después de las nueve de la noche, los asesinatos han disminuido, pero el crimen no. Ahora se ilustra con disputas entre pandillas de barrio, en las que según la sicóloga Sahana Taylor, que trabaja en la Asociación Gotas de Paz -una rama del bienestar familiar que hace seguimiento a temas de justicia para adolescentes en el mundo delincuencial-, participan chicos que van desde los 12 años en adelante. Muchachos que no pueden ser juzgados por estar cobijados bajo la ley de infancia y adolescencia, siendo esto un factor determinante para que las pandillas sigan operando en la impunidad, causando terror entre la población por la cantidad de robos a mano armada y el riesgo de tener la suerte de Saulo Jackson.

Según datos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el veinticinco por ciento de los hurtos y el ocho por ciento de los homicidios han sido perpetuados por menores de edad. Jóvenes, tanto raizales como “pañas” –como le dicen a los que vinieron de afuera-, que han crecido en barrios subnormales o en asentamientos construidos sobre rellenos de mar, que han encontrado en el mundo criminal una forma de matar el tiempo.

La situación es tan preocupante que después del asesinato de Jackson, el presidente de la Asamblea Departamental le solicitó la alerta roja de seguridad al Gobernador Ronald Housni Jaller, porque según le dijo a El Tiempo: “el tema se nos salió de las manos”.

Durante las últimas semanas ha habido varias protestas por el aire de ilegalidad que ha invadido la isla. Muchos creen que una causa es el acelerado crecimiento de la población y puede ser una de las variables tomando en cuenta que, según el Dane, en 1993 habían alrededor de cuarenta y seis mil personas y luego en el censo de 2005 se contaron más de setenta y cinco mil. Ahora se estima que hay un poco menos cien mil habitantes en San Andrés, y aunque algunos estudios apuntan a decir que la población se ha estancado, sí se puede afirmar que es una de las islas más densamente pobladas del Caribe, con un aproximado de mil ochocientos habitantes por kilómetro cuadrado.

La economía de San Andrés sigue creciendo, hay trabajo y el nivel de pobreza marcó en 2015 un siete por ciento contra el veintisiete por ciento a nivel nacional. Sin embargo, su nivel de bienestar económico no se refleja en la inversión de políticas públicas para aumentar la cobertura educativa, controlar el crecimiento y fomentar la sostenibilidad de su población. Mientras el crimen siga azotando, los sanandresanos más que disfrutar del paraíso, se abarrotarán contra las costas esperando que no siga subiendo la marea.

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