Por Carlo Tognato · 10 de Diciembre de 2016

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Cuando Europa cayó bajo el yugo nazi-fascista, hubo personas que corrieron riesgos y pagaron altos precios para proteger a judíos, salvándolos así de los campos de concentración. Sin esperar recompensa alguna y sin estar obligado a eso, se apartaron de una indiferencia cómplice y siguieron el impulso de hacer simplemente lo correcto. A esas personas el Estado de Israel se ha referido como los “justos entre las naciones”.

El pasado martes varios miembros de la academia, el empresariado, el gobierno, los medios, la cultura y de la Fuerza Pública, tanto activos como retirados, se reunieron en Bogotá en un foro para discutir la relevancia de esos ejemplos para el caso colombiano y evaluar la oportunidad de contar las historias de los “justos en el conflicto armado colombiano”. Es decir, de aquellas personas que durante las últimas seis décadas asumieron riesgos y pagaron altos precios para salvar a inocentes que no pertenecían a sus propios grupos o instituciones: colombianos que decidieron apartarse de la indiferencia de muchos para hacer simplemente lo correcto.

El objetivo era encontrar, a través de las historias de los justos colombianos, una nueva pedagogía de la valentía civil para lograr cuatro cosas: vencer la indiferencia entre los colombianos; reestablecer lazos de empatía y solidaridad mutua entre ellos; sanar las profundas divisiones dejadas por el conflicto armado; y dotar la ciudadanía con capacidades adecuadas para lograr la no repetición de la barbarie perpetrada en el pasado.

El foro inauguró el Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil, que dirijo, y honró la memoria de Nicanor Restrepo Santamaría, líder empresarial, alto funcionario público, hombre de grandes virtudes cívicas, amigo cercano, atento y partícipe de la academia y de la cultura, y sostenedor convencido de la paz.

Importantes personalidades como Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, grandes líderes empresariales con una profunda sensibilidad cívica, como Antonio Celia, Jorge Londoño Saldarriaga y León Teicher, y funcionarios del gobierno, como Myriam Méndez, Coordinadora de Pedagogía y Construcción de Paz en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, reconocieron el valor de la historia de esos “justos en el conflicto armado colombiano” como un recurso útil para formar la ciudadanía en contra de la indiferencia y para propiciar mayor solidaridad entre los colombianos.

El foro pudo contar también con el testimonio inspirador del Coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, quien sirvió en el Urabá Antioqueño en los 1990s. En ese tiempo, dándose cuenta de que en esa región el Ejército estaba persiguiendo a las FARC y no a los paramilitares, durante 5 meses acopió evidencias y las consignó en un informe en mayo de 1996 dirigido al entonces comandante del Ejército, el General Harold Bedoya. Después de eso, una investigación fue iniciada en su contra y posteriormente fue llamado a calificar servicios. Velásquez decidió entonces hacer públicas sus denuncias a través de los medios de comunicación.

En general, el foro ofreció abundantes motivos de optimismo, pero también dejó a los asistentes con una impresión marcada de que no todos aprovecharon esta oportunidad de generar una narrativa más incluyente en el país. Miembros de la Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa desestimaron el ejemplo de aquellos colombianos que a lo largo del conflicto armado se apartaron de la indiferencia frente a la barbarie y asumieron riesgos y costos personales para salvar las vidas de personas que no pertenecían a sus propios grupos o instituciones.

El Ministerio de Defensa, y desde la audiencia un coronel retirado, asesor del Ejército en memoria histórica, sugirieron en el foro que son “justos en el conflicto armado colombiano” todos los miembros de la Fuerza Pública que no incurrieron en crímenes de lesa humanidad y que no colaboraron con los paramilitares – que serían, por supuesto la mayoría. Aunque el apego a las reglas por parte de esta mayoría es una buena cosa, lo cierto que no todos en esa mayoría estuvieron dispuestos, como el Coronel Velásquez, a arriesgar su carrera para denunciar hechos moralmente y socialmente inaceptables que estaban ocurriendo y afectando la vida de miles de comunidades vulnerables. No todos alzaron la voz con vehemencia para rechazar el paramilitarismo, así como no todos en la izquierda alzaron la voz a tiempo para rechazar la violencia perpetrada por las guerrillas.

A finales de los años 1960s los jóvenes alemanes les preguntaban a sus abuelos que vivieron durante el nazismo: ¿Dónde estabas tú, abuelo? Y ¿qué hiciste o que dijiste tú cuando los nazis expulsaban a los judíos de los colegios, de las universidades y de los lugares de trabajo, o cuando terminaron sacándolo de sus casas, fusilándolos y botándolos en fosas comunes o exterminándolos en las cámaras de gas?

Al desconocer los actos de valentía en sus filas por parte de quienes sí hablaron o dijeron algo para no quedarse en una indiferencia moralmente y socialmente cómplice, el establecimiento de seguridad de Colombia está perdiendo una oportunidad estratégica para el país.

La intervención de la Policía Nacional en el Foro permitió entender por qué: cumplir simplemente con la ley y con los reglamentos a veces no es suficiente para evitar daños a inocentes. De hecho, ser indiferente puede ser totalmente legal, pero moralmente y socialmente equivocado. Es por eso que el ejemplo de los justos en el conflicto armado colombiano es tan importante: cuando unos estándares legales están por debajo de ciertos estándares morales y sociales, cumplir con los primeros es necesario, pero no suficiente. Si una institución busca alcanzar altos estándares morales y sociales, sus integrantes tienen que poder hacer lo correcto, lo cual en esos casos implica hacer más. En el mundo empresarial las organizaciones más exitosas han reconocido este punto desde ya dos décadas.

Desconocer esa diferencia, muy oportunamente evidenciada por la Policía Nacional, tiene dos consecuencias. Primero, las Fuerzas Armadas aparecen como si estuvieran insensibles al valor moral y social que conlleva la superación de la indiferencia frente al mal cada vez que el cumplimiento de unas normas legales por sí solo no alcanza para hacer lo que es socialmente y moralmente correcto. Segundo, las Fuerzas no tendrían mayor incentivo en desplegar mecanismos, procedimientos y acciones que pudieran fomentar una cultura organizacional al su interior capaz de motivar a sus integrantes a hacer más cada vez que una indiferencia legalmente admisible llevara a hechos moralmente y socialmente objetables.

Quizás figuras de avanzada en las Fuerzas Armadas como los Generales Alberto Mejía y Javier Flórez podrían aportar su sensibilidad y su experiencia para vislumbrar caminos viables para poder avanzar la conversación. Es posible que la postura de los militares, algo defensiva, tenga que ver con los temores legales – específicamente demandas contra el Estado – por cuenta de historias que dibujen a las Fuerzas como si hubieran omitido su deber constitucional de proteger a todos los colombianos. Esto tendría implicaciones reales: una andanada de costosas demandas legales al Estado. Por eso, su cautela es algo entendible. Sin embargo, en términos puramente estratégicos los costos de largo plazo que derivan del actual atrincheramiento sobrepasan los beneficios de corto plazo.

Si las Fuerzas Armadas querrán ocupar un espacio importante en una Colombia en paz, tendrán que convencer a los colombianos de que sí entienden el sentido profundo de un alto compromiso moral y social. Es difícil imaginar que lo puedan lograr abaratando la figura misma del “justo”, como hicieron en el Foro el pasado martes, y eludiendo completamente la pregunta de “dónde estabas tú y qué hacías o qué decías cuando escuchabas que unos de tus compañeros estaban metidos en ciertas cosas moralmente inaceptables o que las apoyaban en sus acciones o simplemente en sus palabras, no solo en los teatros de operaciones, sino también en las cafeterías, en las áreas de descanso o en conversaciones nocturnas tomando cerveza o fumando cigarrillos?” Para poder reivindicar el más alto compromiso moral y social, hacer propaganda no es suficiente. Las Fuerzas Armadas tienen que tomar en serio la pregunta y ofrecer repuestas razonables, porque hay un trecho muy corto entre la banalización de los conceptos y la banalidad del mal. No pueden pretender que no entienden, que no han reflexionado y que no tienen respuestas razonables en relación a la diferencia entre complicidad legal y complicidad moral o social en hechos atroces. Los más altos representantes de las Fuerzas Armadas de Colombia o del Ministerio de Defensa no pueden quedar satisfechos con ciertas respuestas tan baratas.

Atrincherarse hoy desechando la figura de los “justos en el conflicto armado colombiano”, además, no tiene solamente implicaciones de largo plazo sobre la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Como he mencionado anteriormente, esas Fuerzas y el Ministerio de Defensa buscan desconocer a las historias de los “justos” para evitar unas demandas legales en contra del Estado. No consideran, sin embargo, que esas historias son al mismo tiempo historias de “víctimas”, así que es muy probable que las demandas legales ya le vengan encima al Estado por ese lado. Así, para evitar unos costos de corto plazo que podrían ser inevitables, las Fuerzas y el Ministerio desperdician hoy potenciales beneficios estratégicos de largo plazo para todo el país. Su oposición a la figura de los “justos” desecha un dispositivo narrativo novedoso que durante la próxima década nos permitirá generar anticuerpos en la sociedad colombiana frente a los radicalismos de derecha e izquierda que pudieran poner en peligro la democracia y la paz.

En este último punto ésta la visión estratégica que ha motivado el Foro sobre los “justos en el conflicto armado colombiano” el pasado 6 de diciembre. El Foro ha emprendido una primera acción para llevar a diferentes espacios institucionales del país – educación, empresariado, sociedad civil, cultura y Fuerza Pública - una nueva pedagogía de la valentía civil con el fin de inocular en la ciudadanía colombiana un antídoto en contra de la indiferencia y con el propósito de contribuir por ese camino a prender nuevamente los motores de la empatía mutua y de la solidaridad entre los colombianos. Ojalá el Ministro Villegas pueda sumar su Ministerio a este ejercicio de reconstrucción de un tejido civil lacerado por tantos años de conflicto.

Una paz y una democracia estables y duraderas demandan que se cultiven entre los ciudadanos, y también entre los funcionarios del Estado, ciertas emociones. La animadversión hacia la indiferencia y la indignación frente a ella son fundamentales.

Comentarios (1)

Clemente Iván Montenegro Trujillo

10 de Diciembre

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Excelente labor y reflexión, que debe exponer tanto los costos de la labor de los justos como los beneficios individuales, y seguir desarrollando la ...+ ver más

Excelente labor y reflexión, que debe exponer tanto los costos de la labor de los justos como los beneficios individuales, y seguir desarrollando la conversación en términos de mediano y largo plazo. Puede ser conveniente documentar a nivel internacional casos de justos en los cuales umbrales o masas críticas de acción, los han protegido de la reacción negativa de los violentos 

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