Por Sergio Guarín · 22 de Marzo de 2017

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Debido al acento de las últimas semanas, la discusión sobre el acuerdo de paz ha quedado tristemente reducida a la lenta adecuación de las Zonas Veredales y a un nuevo round sobre la impunidad. La inercia del pos-plebiscito no se rompe y seguimos haciendo de las críticas a la eficiencia del Gobierno y de la JEP el centro de nuestra conversación.

No cabe duda de que son temas fundamentales. Pero la obsesión entorno a ellos eclipsa el seguimiento a las propuestas clave sobre desarrollo rural y participación ciudadana.

Ya lo ha dicho . De todas las tareas que deben ponerse en marcha para sacar adelante los acuerdos de paz, menos del 11% se refieren a la Justicia Transicional. Desde su punto de vista, el acuerdo de Colombia es valioso precisamente porque plantea asuntos de tipo estructural y no se limita a la desactivación de un aparato armado, ni al debate sobre la cárcel o las penas.

En el estudio que Kroc ha hecho sobre los 34 acuerdos de paz firmados en el mundo en los últimos años, se afirma que sólo en el 20% de los que incluyeron medidas de tipo estructural, se retornó tras la firma a la violencia.

Uno de estos temas estructurales es la necesidad de acercar el Estado a los ciudadanos. El supuesto es que, a través de la participación, se lograrán políticas públicas más cercanas a la gente y más adecuadas a sus necesidades. En el mar de corrupción en el que naufragamos, esta aspiración no puede ser más relevante.

Esta apuesta por la participación, que estuvo tan presente en el mundo desde finales de los 80 y fue protagonista en nuestro proceso Constitucional, es transversal en todo el acuerdo de paz con las Farc y quedó planteada también como tema y como método en la negociación con el ELN.

Es lícito afirmar,, que tal y como está escrito en ambos acuerdos, del éxito de la participación depende en buena medida el éxito de la paz.

Pese a esta aparente confluencia, si comparamos la propuesta de participación ciudadana del acuerdo con las Farc, con aquella que aparece en el acuerdo marco con el ELN, debemos reconocer que se trata de asuntos con sentido y naturaleza distintos. Debemos reparar en ello para ajustar nuestras expectativas y hacer propuestas de política pública que sean posibles y relevantes.

Gracias a los estudios de Fabio Velásquez, Margarita González, Darío Restrepo, Viviana Barberena y Juan Fernando Londoño, sabemos, entre muchas otras cosas que de la participación con énfasis territorial hemos transitado lentamente en nuestro país a una participación concentrada en lo sectorial, lo temático y lo poblacional.

Lo que esto indica es que la identidad de los ciudadanos, por efectos de la movilidad social, de las tecnologías de información y de las estructuras sociales y culturales, se juega hoy más en el ambientalismo, en la preocupación por los jóvenes o en el ámbito de los derechos de las mujeres, que en el interés por los barrios, las veredas o las ciudades. Procesos que se han acentuado también con el decaimiento del espacio público en términos de contenido y ofertas relevantes para la vida en comunidad.

Este paso de lo territorial a lo sectorial ha implicado el desgaste paulatino de organizaciones ciudadanas como Juntas de Acción Comunal y de Vecinos (tan vigentes en el mundo rural), así como de los escenarios de participación centrados en la planeación del desarrollo. No cabe duda de que los mayores damnificados de esta tendencia en nuestro país han sido son los Consejos Territoriales de Planeación, que se han quedado sin el apoyo estatal necesario para su labor.  

En contraste, durante las últimas décadas han surgido numerosas organizaciones sectoriales, temáticas y poblacionales, y el Estado ha incentivado el diálogo sobre asuntos de política que adquieren notoriedad y un espacio privilegiado en el debate público. y los consejos de Justicia Transicional son buena prueba de ello.

Foro por Colombia ha señalado que en las normas colombianas hoy tenemos 111 espacios de diálogo entre Estado y ciudadanos, de los cuales 91 son temáticos y sólo 13 territoriales (quedando aparte los 7 denominados como de control social).

El diálogo territorial tiene la enorme ventaja de examinar los problemas del desarrollo desde una perspectiva integral, en la que confluyen distintas miradas y sectores, y de ubicar la preocupación central en el conjunto de los pobladores sin distingos de interés. Sin embargo, este tipo de ejercicio se agota en sus propias fronteras.

Y, en su versión extrema, atiza las visiones sobre el desarrollo endógeno a ultranza y se niega con fervor casi-religioso a influencias o a discusiones de tipo regional, nacional e internacional, que incluyan elementos de competitividad y grandes capitales.  

Por su parte, el diálogo temático genera impacto y moviliza con más eficacia a los directamente involucrados, pero disecciona los problemas de un modo que no siempre es útil para comprender la dinámica de los asuntos de los que trata. Sencillamente porque la realidad no se divide en sectores, ni en temas ni en poblaciones. Y adicionalmente, tropieza con el eterno problema de la representación.

¿Qué mecanismos nos garantizan que los pretendidos “representantes” de los jóvenes o los indígenas o las mujeres (por poner sólo algunos ejemplos) legítimamente lo sean? En este tipo de diálogo público se pone de presente la espinosa diferencia entre activistas y representantes, y se manifiesta la inquietud sobre el punto en el que los primeros pueden reemplazar genuinamente a los segundos en la expresión de la opinión popular más extendida.  

En términos generales, puede afirmarse que la visión de participación en el acuerdo con las Farc es principalmente territorial, mientras que la propuesta con el ELN recoge más el sentido del diálogo social, temático y poblacional. Lo que tenemos hasta el momento es un panorama desafiante.

El acuerdo firmado en Cartagena y Bogotá llama a espacios territoriales de discusión sobre el desarrollo con alcances geográficos limitados y un claro sesgo de identidad regional, mientras el diálogo amplio del ELN pretende poner todas las voces, principalmente las de los excluidos, en una conversación sobre decisiones de política que será difícil de organizar y correrá el riesgo de terminar en puja.

Parte del enredo de la participación ciudadana en el mundo se debe a que, frente a esta oscilación radical entre la territorialidad y lo temático, hemos sido incapaces de desarrollar nuevos métodos que apunten a lo básico de los propósitos participativos.

Que, en pocas palabras, consiste en incluir de distintas miradas, ejercitar el diálogo público organizado y de calidad y lograr la legitimidad de las decisiones del Estado.

Para que las propuestas de participación derivadas del acuerdo con las Farc (que están a cargo inicialmente de la ART) y aquellas que tienen que ver con el ELN no se choquen entre sí, se requerirán no solo diseños adecuados, sino sobre todo coordinación y complementariedad. La tarea es como la filigrana momposina: lenta y enroscada, pero bella y posible.

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Comentarios (1)

arturoarmenia

23 de Marzo

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La importancia para definir lo territorial y lo temático puede ser relativa. La finalidad debe ser llegar a soluciones con profundidad y evitar los diseños venidos desde las generalizaciones. Los contextos y las singularidades deben ser entendidas y adoptadas sin abandonar las políticas de conveniencia definidas como principios. Abandonar las generalizaciones discursivas y retóricas.

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